Miércoles, 18 de Noviembre de 2009
(APe).- En los años de la dictadura militar, un joven de familia adinerada -su padre era propietario de una conocida firma de artículos para el hogar- repartía sus horas entre la motonáutica y los amoríos con distintas muchachas, del ambiente de las agencias de publicidad, los canales de televisión o el ramo del comercio y los artículos para el hogar.
Aquel joven de familia adinerada, burlando cualquier código de planeamiento y seguridad, había mandado a construir en el Abasto, uniendo a modo de puente dos departamentos en altura, un gabinete especial para agasajar a sus amistades, una suerte de anexo amatorio en donde beber, bailar y disfrutar de la suerte de ser un niño rico a cualquier hora y en cualquier estación, mientras allá abajo las patrullas legales o ilegales del Estado se ocupaban de limpiar las calles y las casas de jóvenes militantes o rebeldes cuyo pecado final había sido querer terminar con la injusticia.
Cierta madrugada, el anexo amatorio del niño rico, construido contra todas las reglas, ardió y se desplomó desde varios metros de altura, en ausencia de su dueño. El encargado de uno de los edificios, que quiso sofocar el incendio, pereció en el intento. Los bomberos, la policía y el forense, ante las ruinas humeantes del anexo amatorio, se preguntaban cómo había podido permitirse a alguien satisfacer un capricho tan absurdo y riesgoso. Y la respuesta invariable era: “el que tiene plata, hace lo que quiere”.
Los diarios de la Capital publicaron de manera discreta la noticia, sin nombrar a los responsables directos de la tragedia (al fin y al cabo, la red de complicidades que la había permitido era tan vasta que podían verse involucradas la Policía, la Municipalidad e incluso algunas empresas anunciantes). Muy pronto el expediente fue archivado y sepultado, para evitar que la carrera empresaria o deportiva del niño rico se viera afectada.
La pequeña historia -una pequeña historia de inseguridad ciudadana e impunidad, como tantas que conocemos- no vendría a cuento si no fuera porque aquel mismo joven adinerado de los ’70, reconvertido en dirigente político en los ’90 y ungido gobernador de la provincia de Buenos Aires en esta década, lanzado a un plan reeleccionario y buscando la complacencia de los ricos y famosos, ha presentado en la Legislatura bonaerense un proyecto de reformas a la ley 13.364 (Código de Faltas) que implica una regresión de 100 años -así lo han manifestado los más respetables juristas-, además de una violación expresa de varias garantías constitucionales.
El Estado policial-mafioso
“Con el nuevo Código -leemos en una denuncia de organismos de DDHH y organizaciones sociales- se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, ‘merodeadores’, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y trabajadoras sexuales”.
"Asimismo, apunta al corazón de la democracia, reprimiendo las manifestaciones públicas: se podrá detener a los que participan en marchas o reuniones de personas, a los que escriben graffitis y leyendas, a los que pegan carteles en lugares no autorizados, a los que se reúnen tumultuosamente, a los que participan de piquetes, cortes de calle o escraches. También los que insulten en la calle o hagan un dibujo torpe que ofenda la decencia pública”.
“La locura punitiva arrestará también a quienes hagan ruidos o toquen campanas que afecten la tranquilidad de la población y a los padres cuyos hijos menores dejen la escuela (...) además, se baja la edad de imputabilidad, permitiendo que se arreste a los jóvenes desde los 14 años”.
Otras organizaciones, ya relacionadas específicamente con la defensa de los derechos del niño, se han expresado por la modificación que se propone en tres puntos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil: “A poco tiempo de entrar en vigencia y cuando aún no se encuentra en pleno funcionamiento, el ejecutivo provincial impulsa una modificación de tres artículos que ya tiene media sanción en el senado, a través de la cual en un primer artículo (art. 41) amplía el plazo de detención de los jóvenes de 12 a 24 horas hasta que el juez decida su destino. Es una modificación que someterá a los jóvenes a una mayor vulneración de derechos y los expondrá más tiempo a padecer torturas y malos tratos en comisarías, alcaldías o centros de recepción”.
La lista de objeciones, críticas y denuncias al proyecto redactado por el actual Ministro de Justicia bonaerense y refrendado por el Gobernador de la provincia, es interminable. Baste lo que hemos transcripto como muestra.
Éstos son mis principios...
La actuación del Ministro de Justicia (alguna vez señalado como “garantista”, cuando actuaba a las órdenes de otro poder político) nos hace recordar aquella célebre humorada de Groucho Marx: “Éstos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”.
Y sí, podríamos reírnos, todos podríamos reírnos, pensando en la volubilidad y las súbitas piruetas de los funcionarios, atentos al termómetro de su presencia mediática o al qué dirán de los ricos y famosos, antes que al sentimiento popular o al sufrimiento de los más humildes y desvalidos.
Pero es algo trágico. Trágico y doloroso. Irremediablemente triste.
Porque lo que campea es la inmoralidad de no gobernar para todos; la de gozar de impunidad para lo propio y buscar la penalización extrema de lo ajeno; la inmoralidad de castigar “preventivamente” a ésos que ya han sido castigados desde la cuna, por la injusticia social; la inmoralidad de que el mismo Estado bonaerense que arrastra una deuda aniquilatoria con los hogares y comedores destinados a los más pobres, sea el que incrementa su gasto publicitario de 700 mil pesos diarios a un millón, porque “no alcanza”; la inmoralidad de ejercitar deportivamente la Tolerancia Cero, mientras los grandes crímenes y negociados permanecen sin esclarecimiento ni sanción.
Todas esas inmoralidades, pensamos, deberían comenzar a denunciarse, a condenarse y a corregirse. Sin embargo, en la doctrina de la Tolerancia Cero sostenida por el señor Ministro y el señor Gobernador, no están contempladas.
En el código máximo para faltas mínimas que proponen estos dos señores con mucho poder y escasa autocrítica, ya no hay lugar para la Justicia, la Libertad, los Derechos Humanos y muchas otras palabras gravitantes, de ésas que usualmente se escriben con mayúsculas.
Oscar Taffetani
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