A falta de un proceso judicial, en un juicio simbólico realizado en la Plaza de Mayo, un jurado integrado por las Madres resolvió declarar "culpable" al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, por los delitos de "genocidio" represivo y económico, y lo condenó a la pena de "reclusión perpetua por tiempo indeterminado".
Martínez de Hoz está imputado en una causa que investiga el secuestro, en 1976, de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, detenidos el 5 de noviembre de 1976 por decreto del Poder Ejecutivo, según recordó el abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Pugliese, quien hoy actuó como fiscal en el juicio ético al ex funcionario de la dictadura, en Plaza de Mayo.
Según detalló el letrado, "la detención de Federico y Miguel Gutheim fue paralela al intento de Martínez de Hoz de concretar en China un intercambio con empresarios ingleses y del país asiático, en el que los Gutheim no querían participar".
Los Gutheim estuvieron detenidos en el Departamento Central de la Policía Federal y en la cárcel de Caseros más de cinco meses y los liberaron el 6 de abril de 1977. En 1985 prestaron testimonio en el histórico Juicio a las Juntas Militares.
Otra causa que se imputa al ex ministro de Economía es la llamada "causa Olmos", que denuncia la "ilegalidad" de la deuda externa asumida por la dictadura militar durante la gestión de Martínez de Hoz y que, tras prescribir, fue remitida al Congreso de la Nación, sin que hasta ahora éste se haya pronunciado.
Por último, existe otra causa que tiene que ver con el intento de estatización de la empresa Italo Argentina de Electricidad durante la gestión de Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura. "El funcionario que se opuso a esta iniciativa de estatización, el español Juan Carlos Casariego de Bel, director de Inversiones Extranjeras, desapareció la noche del 15 de junio de 1977, y nunca más se supo de él", relató Pugliese. Agregó que "la empresa Italo tenía un valor de diez millones de dólares, y se la intentaba comprar en 400 millones".
Además de estas causas, a Martínez de Hoz se lo considera igual de responsable de los delitos de lesa humanidad por los que fueron condenados los jefes de la Junta Militar.
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